NUEVA YORK.- En Nueva York, considerado un estado pro inmigrante, líderes de organizaciones a favor de los derechos civiles y defensores de indocumentados, mantienen los dedos cruzados ante la inminente decisión de la Corte Suprema en relación con la ley de Arizona SB1070.
HuffPost Voces consultó a voceros de varias organizaciones y a neoyorquinos de a pie sobre la polémica ley que faculta con poderes extraordinarios a la policía de Arizona para solicitar documentos a cualquier persona que, a su entero juicio, dé la impresión de ser indocumentada.
“Cualquiera que fuera la decisión no va a tener un efecto inmediato”, dijo Juan Cartagena, abogado experto en temas de migración.
Cartagena, presidente y consejero general de la organización neoyorquina en pro de los derechos humanos, LatinoJustice PRLDEF –siglas de Puerto Rican Legal Defense and Education Fund–, explicó que “lo que ocurre en estos casos, es que la Corte Suprema decide o da su perspectiva sobre la ley constitucional, y corresponde a las cortes ante las cuales se presentaron las demandas –en este caso la corte del distrito federal– determinar que eso es lo que tienen que hacer”.
La SB1070, aprobada hace dos años por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, fue impugnada por el gobierno federal, y el máximo tribunal debe resolver si ese estado tiene o no facultad para implementarla en todos sus términos.
Imágenes sobre la SB1070:
Para Maryann Sinclair Slutsky, quien representa a la entidad no lucrativa pro derechos de los inmigrantes, Long Island Wins, independientemente del resultado en la Corte Suprema, la ley ya ha tenido un impacto negativo en Arizona”.
“Después que fue aprobada en 2010, las personas de todo el país se unieron a un boicot contra las empresas de Arizona que tácita o activamente han apoyado la ley. El estado perdió el dinero que genera el turismo y, más allá de eso, Arizona se convirtió en símbolo de la intolerancia”, dijo Sinclair Slutsky.
La SB1070 es considerada la ley antiinmigrante más radical presentada hasta ahora en Estados Unidos. Sus propulsores sostienen que es la respuesta a la falta de acción federal para frenar la inmigración ilegal en el país.
A criterio de Cartagena, en términos de leyes constitucionales, la Corte Suprema decidirá dentro de un espacio muy limitado.
“El asunto es de sí o no, cualquier estado como Arizona tiene el derecho bajo la Constitución de cambiar e implementar las leyes federales de migración” dijo Cartagena, para quien “todavía no ha llegado el momento de tratar el asunto del perfil racial ni por parte del gobierno federal ni por parte de los abogados”.
El jurista alega que “Arizona, ni aún teniendo el poder de cambiar e implementar nuevas leyes de migración y pedir documentos, no lo podría hacer bajo ninguna circunstancia discriminatoria porque [la ley] está dirigida a los latinos de manera particular”.